Editorial


Agosto 2017

Empieza a cobrar cada vez más fuerza el concepto de “inflación médica”. Se establece para expresar que el incremento de costos en salud crece por encima del aumento de precios en general, salarios, inflación, y cualquier otro indicador que exprese el aumento de valores de bienes y servicios.

Es sabido también que el fenómeno es universal, y motiva una de las mayores preocupaciones de todos quienes tenemos responsabilidad de gestión de servicios de salud en cualquier lugar del mundo.

También es unánime el criterio, en cuanto a que dicho fenómeno responde fundamentalmente al crecimiento de la oferta tecnológica, sea en forma de aparatología o de nuevos medicamentos y naturalmente una población que vive cada vez más, por lo que obviamente estamos expuestos a cada vez más enfermedades a tratar.

Ambas cosas, el hiperdesarrollo tecnológico, y las posibilidades de vivir más y mejor, son sin duda muy buenas noticias, y en ese sentido vale la pena el esfuerzo por encontrar nuevas formas de financiamiento que permitan hacer accesible los servicios médicos a toda la población.

Sin embargo, también existen otros factores que generan monumentales costos, y que poco tienen que ver con la mejora de la calidad de vida, ni mucho menos de los servicios de salud, y que para hablar sin eufemismos, son las coimas que circulan como incentivos para prescribir determinados productos y/o procedimientos.

Nuevamente sin eufemismos, el costo de la corrupción, que también alcanza a los servicios de salud.
En ese marco es alentadora la irrupción de una suerte de “Odebrecht de la salud” en el que la Justicia inculpa a una empresa de venta y provisión de prótesis en un infame circuito de coimas.

Transcribimos a continuación un extracto de lo informado por diariojudicial.com del 19/7/17:
En el marco de una acción colectiva, la Cámara Comercial citó a los afectados por la empresa de prótesis BIOMET, que reconoció ante las autoridades de Estados Unidos el soborno a funcionarios de aduanas y médicos para recomendar sus prótesis. La empresa deberá afrontar todos los gastos e incluso deberá informarle a sus clientes la existencia del juicio.

La empresa estadounidense BIOMET, dedicada a la fabricación de prótesis -principalmente de cadera y de rodillas- deberá informar a sus clientes que pagaron sobreprecios de sus productos de la existencia de una acción colectiva en trámite ante la Justicia Comercial.

Tanto mediante la publicación de edictos como también con anuncios en los diarios de mayor circulación o informes en los noticieros centrales de los canales de aire. Incluso deberán notificar a los restantes mediante correo postal.

Así lo dispone un fallo de la Sala F de la Cámara Comercial, dictado poco antes del inicio de la feria judicial y que cuenta con los votos de los camaristas Rafael Bareiro y Alejandra Tévez, donde se dispone la “máxima difusión” de la causa, originada por la asociación “Usuarios y Consumidores Unidos”.

Todo se originó cuando BIOMET reconoció ante la Security Exchange Comissión (SEC) de los Estados Unidos el haber pagado, entre los años 2000 y 2008, sobornos a funcionarios de la aduana argentina para ingresar sus productos subvaluados. A su vez, les pagaba a médicos “comisiones” para que recetaran sus productos, ahora sobrevaluados.

La causa judicial “Usuarios y Consumidores Unidos c/ BIOMET S.A. S/ Ordinario” la asociación persigue que BIOMET devuelva lo que cobró en demasía. En primer término, el juez del caso ordenó, para la difusión de la causa, ordenar avisos por un día en el Boletín Oficial y en el diario ”Clarin” y la “Nación”.

BIOMET deberá ahora afrontar los gastos de publicación de Edictos en el Boletín Oficial –por cinco días– dando cuenta de la existencia de la acción, sin previo pago, informando los los datos del tribunal donde tramita la causa y del Fiscal interviniente; los datos del expediente, individualización del demandado y la descripción “de las características que conforman el grupo potencialmente afectado” y “las consecuencias previstas en el art. 54 de la LDC para quienes decidan no excluirse con anterioridad al dictado de la sentencia”

La empresa demandada deberá también cursar comunicación “con igual contenido a los clientes”. Todo ello “previa información por parte de los prestadores médicos que obren en su registro, a los efectos que puedan informar quiénes compraron y utilizaron las prótesis en los plazos discutidos en el expediente, mediante el envío de pieza postal o resumen electrónico, según el caso”.

Por si ello fuera poco, deberá efectuarse una publicación destacada en la página de internet de BIOMET “con iguales prevenciones, durante el plazo de 30 días” y, por último, “dada la masividad en el alcance que suponen los medios de difusión televisiva y el rol social que cumplen”, la Cámara apreció como “de suma utilidad recurrir a las señales de la televisión pública -canal 7- y privadas de aire -canal 2, 9, 11 y 13-” solicitando que “en las ediciones centrales de los noticieros hagan conocer la existencia de este pleito”.

Como tantas otras veces, nos preguntamos: SERÁ JUSTICIA?

Comisión Directiva
Círculo Médico Lomas de Zamora