Editorial


Diciembre 2017

Está claro que desde hace ya demasiado tiempo, venimos soportando una crisis que afecta por igual al médico en su desempeño personal, como a las instituciones que lo representan y que es en definitiva la crisis que afecta a todo el sector.

Cuando hablamos de sector, nos referimos tanto al ámbito estatal como al privado, y dentro de este sin distinción de prestadores y financiadores.

Todos, de alguna manera, venimos pagando las consecuencias de años de desinversión, de lo que da cuenta el calamitoso estado de las estructuras públicas, tanto en el plano edilicio como en los recursos humanos y de políticas aberrantes que han dinamitado la actividad privada.

En el primer caso por inacción, y en el segundo por iniciativas estúpidas que de no revertirse significará el seguro colapso de gran parte, si no toda, la actividad privada.

En este último caso, la ley de regulación de la medicina prepaga, del año 2011 se lleva todos los premios, muchos de los cuales comparte con las decenas de leyes que estipulan qué hacer y qué financiar en distintas enfermedades, aunque nunca se haya previsto de qué manera y con qué presupuesto dar cumplimiento a los muchos disparates definidos por la mano alzada irresponsablemente por el legislador.

El complemento justo para salir a repartir tratamientos estrafalarios es la habitual mano generosa de la Justicia. Amparos y más amparos para que “nadie se muera en un juzgado”, terminarán matando a los sistemas que le dan salud a millones de personas.

Una resolución judicial puede, y de hecho lo hace, quebrar un sistema de cobertura, ordenando la provisión de un tratamiento aunque ni siquiera esté aprobado por la ANMAT, sin importarle que esa quiebra signifique el colapso en la cobertura de salud de miles de personas.

No sería exagerado, comparar esas resoluciones, con la ligereza excarceladora que termina en un nuevo asesinato.

El mecanismo es muy parecido, en nombre de la protección del que es supuestamente más débil, se destroza al conjunto. Una extravagante manera de hacer justicia.

Así las cosas es sencillo colegir que hace falta reorientar la Política y la Justicia, si se quiere rescatar al Sistema de Salud para garantizar una cobertura razonable tanto en el sector privado como en el público.

No se puede seguir haciendo una ley para cada patología, un amparo por cada capricho diagnóstico o terapéutico, ni multiplicar los organismos que intervienen, opinan, ordenan, demandan y descuartizan el sistema, desde el abogado del barrio hasta el Defensor del Pueblo(?), pasando por las asociaciones de consumidores, familiares de enfermos de tal o cual cosa, etc.

Está claro que el intervencionismo parásito es uno de los mayores problemas que tenemos. (otro día hablamos de presión impositiva)

Como decía un viejo cuento, cuando el político en campaña le preguntaba al vecino en qué lo podía ayudar, y el vecino le respondía “con que no me jorobe ya sería suficiente ”.

 

Comisión Directiva
Círculo Médico Lomas de Zamora