Editorial


Mayo 2018

Cuando comenzó a tomar protagonismo la Medicina Prepaga, las cosas eran muy distintas.

Estos sistemas, venían a ocupar un espacio que mucho tenía que ver con la insatisfacción de buena parte de los usuarios, con los sistemas de cobertura social, básicamente las Obras Sociales.

La oferta privada, puso en evidencia muchas de las carencias de los sistemas de cobertura obligatoria, sobre todo en términos de confort, accesibilidad y en cierto punto, también de calidad de la atención.

Un público que con o sin cobertura médica formal, contaba con cierta capacidad de pago, fue la base para el desarrollo de un sistema privado y voluntario, pero que nace a imagen y semejanza de las obras sociales.

Tremendo error que se pagaría unos cuantos años después.

Sin regulaciones, sin garantías de solvencia económica, con una carga impositiva mínima o en ocasiones nula, sin conflictividad judicial y con una oferta prestacional infinitamente menor a la actual, el Sistema creció, sin prestar atención, a que más temprano que tarde, las cosas se irían complicando.

Tendría que haberse construido una estructura aseguradora, con tasas de siniestralidad, franquicias, primas, cálculos actuariales, reservas técnicas, y todo otro instrumento de gestión para hacer sustentable el sistema.

Hoy el sistema de Medicina Prepaga, transita el más peligroso de los desfiladeros.
No es ni una cosa, ni la otra.

Soporta las pretensiones de un modelo regulatorio administrativo y jurídico imposible de sostener, padece una asfixia impositiva feroz, y no recibe ninguno de los beneficios de un Servicio Público, ni mucho menos Social, en términos de reintegros, subsidios, etc.

Y como si esto fuera poco, está sometido a una política de control de precios, que ha empujado al Sistema por el camino de un lento y progresivo déficit.

Difícil sino imposible encontrar un servicio regulado, que no tenga ningún tipo de amortiguador económico financiero para su funcionamiento.

Se obliga a las empresas a gastar 10 recaudando 9. Insólito pero real.

Pero a la vez lo que se obliga a gastar, en buena parte no responde a las verdaderas necesidades de la atención de la salud, ni mucho menos de la evidencia científica.

Difícilmente se pueda barajar y dar de nuevo. Pero sí se impone un replanteo de las descabelladas normas que rigen la actividad.

En ese marco, bien podría empezarse por reformar la ley regulatoria.

 

Comisión Directiva
Círculo Médico Lomas de Zamora